Diversas asociaciones ecologistas y Los Verdes aseguran que el gobierno no parece estar dispuesto a llevar a cabo las recomendaciones del Parlamento Europeo, que mediante una reciente Resolución (2 abril 2009), recomienda que se modifiquen las leyes y se bajen las potencias de emisión de las antenas a 0,6 V/m. En España la actual ley permite hasta 61 V/m.
Los Verdes, en el Día Internacional Contra la Contaminación Electromagnética, exigen al Gobierno de Zapatero que regule la salud ciudadana “por encima de los intereses de las empresas” y abogan por la elaboración de una nueva ley que garantice la salud de todos los ciudadanos aplicando el principio de precaución que se recoge en el Tratado de la Unión europea, así como las recomendaciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos del Parlamento Europeo.
Por todo ello, Los Verdes instan al Gobierno de la Nación, a que, con urgencia, desarrolle una legislación que fije límites de exposición denominados preventivos, que organice el caos urbano de las instalaciones de telefonía móvil, se busquen emplazamientos óptimos y se obligue a los proveedores a compartir mástiles y transmisores, que se realicen campañas de información especialmente dirigidas a los jóvenes y que se reconozca la discapacidad de los enfermos por “electro sensibilidad”, como ya se reconoce en Suecia.
La proliferación de litigios judiciales, la preocupación vecinal por antenas, líneas de alta tensión y subestaciones eléctricas reclama un mayor esfuerzo de la Administración local y regional en la planificación de dichas instalaciones. La legislación, en cualquier caso, aseguran Los Verdes, debe garantizar que escuelas, guarderías, residencias de ancianos y los centros de salud se encuentren libres de contaminación electromagnética de estas instalaciones, fijando distancias de seguridad de acuerdo con criterios científicos y siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea.
Los Verdes manifiesta su profunda preocupación por el hecho de que las compañías de seguros excluyan la cobertura de los riesgos vinculados a los campos electromagnéticos de las pólizas de responsabilidad civil, lo que significa, claramente, que las aseguradoras europeas ya están aplicando su propia versión del principio de precaución; mientras la Administración Española “mira para otro lado”.
