Los Verdes denuncian el “encubrimiento de la realidad medioambiental” del Grupo Socialista y el Grupo Popular en la Asamblea, tras el debate a la totalidad del proyecto de Ley de Calidad Ambiental de Extremadura.
La tramitación en la Asamblea del proyecto de Ley de Calidad Ambiental de Extremadura, con el apoyo del Grupo Socialista y del Grupo Popular, ha sido calificado por Los Verdes de Extremadura como un cínico y demagógico espectáculo de encubrimiento de la realidad medioambiental. En palabras de Ramón Luengo, coportavoz del partido ecologista, "es la máxima expresión de la política del engaño o el juego de la confusión, consistente en decir lo políticamente correcto mientras se hace justo lo contrario de lo que se dice."
En los últimos años nuestra región ha sufrido la peor de las políticas medioambientales posibles por parte de su Administración, que ha apostado fuertemente por los intereses de las industrias más contaminantes y ha causado gran asombro en los foros nacionales e internacionales reivindicando un imaginario y sorprendente derecho a contaminar. Por su parte, la oposición política ha sido nula, cómplice y veleta, como ha demostrado la posición del Partido Popular de Extremadura, que ha movilizado a sus simpatizantes primero en contra y luego a favor del proyecto de la refinería de petróleo en Tierra de Barros y no ha llevado a cabo ninguna acción significativa en contra de la construcción de las centrales térmicas que amenazan la comarca de Mérida.
Para Los Verdes, el Consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro, carece de la más mínima credibilidad cuando afirma que la ley asegurará los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en materia de medio ambiente. ¿Quiere esto decir, se pregunta el partido ecologista, que a partir de esta ley se va a respetar por fin el derecho a la información de los ciudadanos? ¿Qué se organizarán por parte de la Administración debates públicos y plurales sobre los proyectos de industrias contaminantes que amenazan nuestra región? ¿Qué la Administración actuará por fin con criterios de objetividad y retirará su apoyo incondicional a proyectos como la refinería de petróleo o las térmicas? ¿Qué se va a informar de los permisos de prospección concedidos a la empresa canadiense Mawson para una posible reapertura de la minería de uranio en nuestra región? ¿Qué se informará a los ciudadanos sobre qué tipo y cantidad de residuos radiactivos se encuentran enterrados en las antiguas minas de La Haba?
Hasta ahora, asegura Francisco Folguera, coportavoz de Los Verdes, "la Administración ha hecho todo lo contrario, ha apoyado con descarada parcialidad los proyectos de la refinería y las centrales térmicas y ha impedido el acceso a la información de los ciudadanos, como evidencian las múltiples denuncias ante los tribunales de justicia de Extremadura, Bruselas y la ONU por incumplimiento del Convenio de Aarhus, ratificado por la Unión Europea, y por tanto de obligado cumplimento por cualquier Administración pública española, y cuyos pilares básicos coinciden con lo que José Luis Navarro ha asegurado que está ley va a garantizar."
La respuesta firme, coherente y con argumentos a los proyectos industriales insostenibles apoyados por la Administración regional y contrarios al propio concepto de calidad ambiental que ahora se pretende defender, se ha realizado principalmente por las plataformas ciudadanas y movimientos sociales que han reivindicado su derecho a vivir en un entorno saludable, el acceso a la información medioambiental que se les ha negado y su participación en el debate público. Un ejemplo, aseguran Los Verdes, es la negativa a conceder una entrevista a la Plataforma Ciudadana Refinería No por parte del presidente de la Junta de Extremadura (Ibarra antes y Vara ahora), desde que en diciembre de 2004 se anunciara el proyecto como una “decisión política tomada”, en palabras J. C. Rodríguez Ibarra, ex presidente de la Junta de Extremadura.
Para Los Verdes de Extremadura la Ley de Calidad Ambiental no cambiará, lamentablemente, las políticas medioambientales de la Junta de Extremadura, que ha demostrado que lo único que desea cambiar es el lenguaje para que todo siga igual, en un vano esfuerzo por incluir palabras que hoy forman parte del discurso políticamente correcto en todo el mundo. Con las prisas porque esto así sea, los socialistas extremeños quieren pasar rápidamente de su negación del cambio climático a la propaganda de lo contrario como hacen las multinacionales energéticas.
Otro de los males endémicos de nuestra la Administración regional es el uso y el abuso del eufemismo político. El malogrado decreto de ciudades mixtas es un ejemplo: pretendía cambiar el uso de suelos no urbanizables o en algunos casos protegidos por directivas europeas, en complejos turísticos asociados a urbanizaciones y hoteles de lujo, campos de golf y deportes náuticos incumpliendo la Ley Autonómica del Suelo, como así sentenció el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, por un supuesto interés social. Leyes como ésta de la Calidad Ambiental o el decreto de las ciudades mixtas, que se presentan con la retórica de decir justo lo contrario de lo que se quiere hacer, ahondan aún más en el abismo que separa a la sociedad civil de la clase política, como refleja la última encuesta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) en donde la política en general y los partidos políticos en particular son considerados ya el tercer problema nacional.
La realidad, asegura el partido ecologista, es que el Consejero de Medioambiente es en realidad el de Industria y Energía, que mantiene su apoyo a las innecesarias centrales térmicas de la comarca de Mérida, sin argumentos para responder a la ignorancia que dice haber encontrado en Mérida, según recientes declaraciones a un periódico local. Y la realidad es que el presidente de la Junta de Extremadura, que se posiciona en contra de un posible cementerio nuclear, al mismo tiempo apoya la renovación de la vieja central atómica de Almaraz, que ya almacena en sus piscinas más de mil toneladas de residuos radiactivos de alta actividad, casi una tercera parte del total existente en España.
No se puede, y Guillermo Fernández Vara debe saberlo, poner al zorro a cuidar las gallinas, que es lo que en realidad representa la Consejería de Industria y Energía, en donde todos sabemos cual es el interés que prevalece, como así se ha demostrado en infinidad de ocasiones.
" La apuesta de la Administración regional por un modelo desarrollista contaminante y obsoleto es incompatible con la calidad ambiental y con el desarrollo sostenible, por lo que mientras no se produzca un giro de 180 grados en la política económica y ecológica de la Junta de Extremadura la Ley de Calidad Ambiental será sólo papel mojado con el que intentar hacer un lavado de imagen", concluyen Los Verdes.
