Con 5 millones de personas sin empleo en España y sin más perspectivas de cambios en el próximo futuro que los recortes de derechos laborales y la pérdida de conquistas sociales, la Coordinadora Verde proclama, en el 1 de Mayo y ante el fracaso de las políticas neoliberales, la urgencia de proceder a un nuevo contrato social verde o Green New Deal que garantice la justicia social y medioambiental
"La transformación ecológica de la Economía que defendemos, -ha declarado la coportavoz de la Coordinadora, Sonia Ortiga-, pasa por la generación de empleos verdes y el desarrollo de las economías locales, por el reparto del trabajo ante la sobreproducción de mercancías que el mundo no puede absorber, por una reforma fiscal que grave el capital financiero, grandes fortunas y actividades contaminantes y por la implantación de una renta básica de ciudadanía".
Florent Marcellesi señala que es necesario enfrentarse a la triple crisis que vivimos con fórmulas que permitan superar el desastre creado por la economía del crecimiento ilimitado, porque "aplicar las recetas que aconsejan quienes son los responsables del colapso no nos conducirá más que al agravamiento de la situación laboral y social". El coportavoz denuncia la "burla social" que supone que no se haya conseguido imponer una tasa a la banca para evitar futuros rescates públicos de la misma, mientras que desde sectores bancarios y financieros se presiona para abaratar los despidos y reducir el gasto público en protección social.
La plataforma verde reitera la urgencia de apoyar decididamente a los sectores emergentes de la economía sostenible: producción de energía renovable, rehabilitación y reforma de viviendas, servicios ambientales, cooperativas productores-consumidores, economía solidaria, salud y bienestar social -especialmente los cuidados a personas mayores- y la agricultura y ganadería ecológicas y tradicionales, que llevan generando trabajo toda la vida sin destruir los recursos naturales.
Por último, la organización ecologista recuerda su oposición al retraso de la edad de la jubilación hasta los 67 años. Exige que la protección contra la pobreza en la edad avanzada sea universal, defiende ampliar la base de financiación de los sistemas de bienestar y propone suprimir los incentivos fiscales de los fondos privados de pensiones. Para ampliar la base de financiación de los sistemas de bienestar, propone “incluir, entre otros, los ingresos procedentes de impuestos sobre beneficios, plusvalías y consumo”. Por otra parte, mantiene que el capital y las empresas deben asumir su participación justa en los impuestos y las contribuciones sociales, lo que implica incrementar la intensidad y la eficacia de la lucha contra el fraude y la evasión y contra los paraísos fiscales. A este respecto, los ecologistas recuerdan que en España los impuestos están cuatro puntos por debajo de la media de la Unión Europea, que el gasto público se sitúa en ocho puntos por debajo, a casi quince puntos del PIB de países como Alemania, Francia, Dinamarca o Suecia y que existe, por tanto, un margen amplio para ampliar la presión fiscal en la sociedad española, incluso para financiar sólo con ella el crecimiento de las pensiones en el PIB.
