viernes, 2 de abril de 2010

Anulación y alegaciones contra el proceso de selección del emplazamiento del cementerio nuclear iniciado por el Ministerio de Industria.


Los Verdes de Extremadura piden que se anule el proceso de selección del emplazamiento del cementerio nuclear iniciado por el Ministerio de Industria, y presentan alegaciones contra la candidatura de Albalá.

Los Verdes denuncian la incoherencia de la Junta de Extremadura, y solicitan que por “pudor” utilice los mismos argumentos que esgrime contra el ATC en proyectos como Térmicas y Refinería.

Conferencia sobre “La nueva Ley de Calidad Ambiental de Extremadura y el derecho de acceso a la información” el 30 de abril en Mérida.


Hemos presentado alegaciones contra la instalación del Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares de alta actividad en la localidad cacereña de Albalá y han colaborado, al igual que otras organizaciones, en la recogida y presentación de cientos de alegaciones individuales de ciudadanos.

Los Verdes han solicitado al Ministerio de Industria que se rechace la candidatura de Albalá en el procedimiento para la selección del emplazamiento del ATC y su centro tecnológico asociado, por considerar que esa ubicación no reúne los requisitos mínimos exigibles para este tipo de instalaciones y porque la comarca en la que se ubicaría, la Sierra de Montánchez, se vería seriamente afectada en su desarrollo.

En la comarca hay 7 espacios naturales protegidos de la Red Natura 2000, 3 de ellos a 2 km. del término municipal de Albalá, lo que, lindes administrativas aparte, en la práctica debería suponer la aplicación de uno de los criterios de exclusión establecidos por el Consejo de Seguridad Nuclear: "El emplazamiento se ubicará fuera de las áreas que forman parte de la red europea de Conservación de la Naturaleza Natura 2000". A este respecto, hay que señalar que la a Junta Rectora de la ZEPA de Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes ha aprobado una moción en contra del ATC.

Por otro lado, la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Montánchez, que también se ha posicionado en contra de la instalación del ATC, está apostando por un desarrollo rural basado en la producción agropecuaria de calidad, el turismo y la puesta en valor del rico patrimonio natural, histórico y cultural de la zona. Dicho modelo de desarrollo, aunque sólo fuera por cuestión de imagen, es totalmente incompatible con un cementerio nuclear.

Otro inconveniente grave de la ubicación propuesta es la imposibilidad de transportar los residuos radioactivos por ferrocarril, por lo que tendrían que ser llevados a Albalá por carretera, con el consiguiente aumento del riesgo de accidentes.

Al margen de las consideraciones particulares sobre la candidatura de Albalá, en el escrito presentado a la Secretaría de Estado de Energía, Los Verdes de Extremadura piden además que todo el procedimiento para la selección del emplazamiento del ATC sea anulado, por incumplir con el compromiso de activar los mecanismos de información y participación pública que permitiesen alcanzar un amplio consenso político, institucional y territorial, tal como recogía la Resolución parlamentaria por la que se instó la creación de la Comisión Interministerial encargada de iniciar ese proceso.

El procedimiento elegido no sólo ha hurtado a las comunidades autónomas el papel que estaba previsto que iban a tener y ha eludido la búsqueda del consenso social y territorial que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, estableció como necesario en 2006, en el debate sobre el estado de la nación. Se trata además de un procedimiento de legitimidad cuestionable por cuanto vulnera el Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información y la participación del público y porque la propia fórmula elegida -a través de la resolución de una Secretaría de Estado que se atribuye una potestad reglamentaria que una simple resolución administrativa no debe tener- no parece la más adecuada para solventar una cuestión de este calado. De hecho, la Audiencia Nacional ya ha dado luz verde a la presentación de una demanda contra el proceso anunciada por Greenpeace.


Los Verdes denuncian la doble vara de medir de la Junta de Extremadura.


Los Verdes quieren manifestar su satisfacción por la presentación de alegaciones contra el ATC por parte de la Junta de Extremadura. No obstante, causa desconcierto que gran parte de los argumentos esgrimidos por el Director General de Industria y Política Energética, José Luis Andrade, para oponerse al ATC, sean coincidentes con los que Los Verdes y diversos colectivos sociales llevan varios años exponiendo sobre varios proyectos industriales altamente contaminantes y que sin embargo cuentan con el beneplácito del gobierno regional.

Si la Junta considera que Extremadura, al generar tres veces más energía de la que consume, ya ha mostrado "sobradamente" su solidaridad con el resto de España, y que la instalación del ATC en Albalá supondría un abuso de esa solidaridad, Los Verdes se preguntan por qué no se aplica el mismo planteamiento en el caso de las tres centrales térmicas proyectadas en la comarca de Mérida, cuando otras regiones, consumidoras netas de energía, se oponen a la instalación de estas insalubres industrias.

A Los Verdes les resulta aún más chocante que la Junta de Extremadura alegue que la ubicación del ATC estaría a poca distancia de una Zona de Especial Protección para las Aves, cuando los proyectos industriales contaminantes que la Junta respalda estarían aún más cerca de diversos espacios protegidos de la Red Natura 2000, y esa ha sido precisamente una de las alegaciones que en su día miles de ciudadanos han presentado también a esos proyectos.

La Junta de Extremadura no puede justificar esta incoherencia, esta doble vara de medir, y puesto que el gobierno extremeño ha hecho lo correcto al alegar contra el ATC y parece haberse dado cuenta ahora, con varios años de retraso, de la importancia del entorno natural a la hora de decidir la idoneidad o inconveniencia de construir unas instalaciones peligrosas, Los Verdes esperan que a partir de ahora la Junta de Extremadura se aplique los mismos argumentos y se sume a los movimientos ciudadanos para impedir que salgan adelante los proyectos de industrias contaminantes que actualmente amenazan el medio ambiente y la salud de los extremeños. Si no lo hace, es decir, si defiende en un caso lo mismo que niega e ignora en otro, para Los Verdes se trataría de una escandalosa muestra, no ya de parcialidad, sino de hipocresía y de falta de pudor.


Conferencia sobre “La nueva Ley de Calidad Ambiental de Extremadura y el derecho de acceso a la información” el 30 de abril en Mérida


Los Verdes de Extremadura, junto con la Coordinadora Verde, organizarán el 30 de abril una conferencia sobre la nueva Ley de Calidad ambiental de Extremadura y el derecho de acceso a la información de los ciudadanos sobre proyectos como el ATC, Térmicas, Refinería y muchos otros que pueden convertir a Extremadura en “la tierra de lo que nadie quiere”, aseguran Los Verdes.

La conferencia tendrá lugar el viernes 30 de abril en el Centro Cultural Caja Badajoz (Plaza Santo Domingo, Mérida), a las 19 h, y será impartida por Ángela López Lax y Sonia Ortiga Zaraga, abogadas especializadas en derecho medioambiental que conocen muy bien la realidad de Extremadura y el momento crucial que vive nuestra región para su futuro.