Para luchar contra la corrupción, exige el cumplimiento de la promesa electoral del PSOE en 2004 y 2008 de aprobar en España una ley de acceso a la información.
“Educar a los niños y niñas en la ética de una ciudadanía honrada, participativa y comprometida con el buen gobierno de los bienes públicos se ha convertido en una tarea imposible en España, donde los interminables casos de corrupción enseñan a los menores que la política es una vía para el rápido enriquecimiento grupal o personal. Pedimos que, como las películas que se complacen en la violencia o la pornografía, se evite a nuestros niños el bombardeo continuo de estos malos ejemplos en su educación y, para vergüenza política, se eliminen estas noticias en los medios televisivos en horario infantil”, ha declarado la coportavoz de la Coordinadora Verde, Sonia Ortiga.
La coportavoz de la plataforma verde propone a los dos grandes partidos políticos de España, protagonistas del mayor número de casos de corrupción, PSOE y PP, que ante las próximas elecciones y si de verdad quieren terminar con esta lacra social, se hagan responsables civiles subsidiarios de las corruptelas y actos corruptos de sus militantes, para demostrar a los electores la sinceridad de sus condenas, ya que “cuando de verdad les duela, será el momento de que tomen medidas para acabar de una vez con el expolio continuo de los bienes públicos”.
Florent Marcellesi acusa a los partidos mayoritarios de “no tener la voluntad política de poner los medios necesarios para fomentar la transparencia de la Administración y luchar así contra la corrupción”. Recuerda que España es el único país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que no tiene una ley específica reguladora del derecho de acceso a la información, a pesar de que el PSOE incluía la aprobación de esta ley en su programa electoral de 2004 y 2008. “Si los datos de Transparencia Internacional nos indican en su informe 2009 que España bajó otros cuatros puestos más en la lista de corrupción, estando por debajo de la media de la Unión Europea, hay que pensar que las medidas que se están tomando son insuficientes y no atajan la clave del problema”, ha manifestado el coportavoz, que añade que “cuando la corrupción se da a las escalas que estamos comprobando, se convierte, además en un fraude democrático”.
Según datos de la última memoria del fiscal general del Estado, existen en estos momentos 720 causas judiciales abiertas contra cargos públicos, de las que casi 500 corresponden al PSOE y al PP. El saqueo de la corrupción política ha supuesto en los últimos diez años una cantidad en torno a los treinta millones de euros (5.000 millones de pesetas), que en una situación de crisis como la actual, con miles de familias que no llegan ni a principio ni a final de mes y que incluso ven cómo sus viviendas son embargadas y subastadas, constituye una doble agresión moral contra la ciudadanía. Por delitos relacionados con la corrupción, han sido imputados más de 800 políticos, funcionarios y empresarios, lo que fundamenta que según el Barómetro Global de la Corrupción 2009, la población estime que los partidos políticos son las instituciones más corruptas. En España sigue si aprobarse una ley de acceso a la información.
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