Ayer 22 de septiembre se reunieron un centenar de jefes de Estados y Gobiernos en la sede de la ONU en Nueva York en torno a las negociaciones post-Kyoto. Ante la falta de compromisos políticos y el cada vez más claro vínculo entre pobreza y cambio climático, Los Verdes proponen que los países industrializados reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero en el 2020 al menos en un 40% respecto a los niveles de 1990 y la movilización conjunta mínima de 100.000 millones de euros anuales para este fin.
"Si quien contamina, paga, quienes son responsables del cambio climático estarían en la obligación de restituir el clima a su estado anterior a la emisión masiva de gases de efectos invernadero, y si esto no es posible, deben, al menos, comprometerse a hacer los esfuerzos necesarios para no condenar a otros países a la desaparición o a la miseria". Con estas palabras ha expresado Florent Marcellesi, coportavoz de la Coordinadora Verde, la línea de actuación política que defenderá esta organización ecologista ante los preparativos para la cumbre de Copenhague el próximo mes de diciembre, en la que se fijará el futuro régimen de reducción de emisiones de Co2.
Marcellesi añade que es el modelo de desarrollo insostenible, regido por el lucro, la explotación de los países empobrecidos y el expolio de los recursos naturales del planeta el que ha puesto en marcha un consumo inmoderado de combustibles fósiles con ingentes emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que los países ricos deben ahora asumir su responsabilidad en el calentamiento global. "La comunidad internacional tiene una oportunidad única en la renovación del Protocolo de Kyoto para hacer frente a las causas y consecuencias del cambio climático y establecer procedimientos de justicia ambiental y social coherentes con la Declaración de Derechos Humanos y demás instrumentos del Derecho Internacional."
La Coordinadora Verde defenderá por tanto, en palabras del coportavoz, que el nuevo tratado sobre cambio climático garantice una reducción sustancial de las emisiones de los gases causantes del cambio climático que permita limitar el aumento de la temperatura media del planeta a un máximo de 2º C por encima de la temperatura media existente antes del proceso de industrialización de Europa y los Estados Unidos.
Entre los acuerdos mínimos que deberían salir de Copenhague, explica por su parte la coportavoz Sonia Ortiga, "deben estar los dereducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los países industrializados en el 2020 al menos en un 40% respecto a los niveles de 1990; la movilización conjunta de al menos 100.000 millones de euros al año para financiar la reducción de emisiones y la adaptación en los países en desarrollo y un compromiso firme para la progresiva sustitución de los combustibles fósiles, incluyendo mecanismos de fomento de la investigación y desarrollo tecnológico de las energías renovables. Esta sustitución debe llevar a una reducción en torno al 90% de las emisiones de gases con efecto invernadero en 2050, con respecto a los niveles de 1990."
Además, manifiesta Sonia Ortiga, que la UE debe comprometerse a implantar una fiscalidad ecológica progresiva en favor de la eficiencia energética, las actividades menos contaminantes y la producción de energías limpias, mientras que los países miembros de la Unión Europea deben revisar sus políticas medioambientales para hacerlas coherentes con el nuevo tratado sobre cambio climático, incluyendo la introducción de criterios medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales. "Y todo ello" finaliza la coporatvoz- con el objetivo de que los países miembros de la Unión Europea superen la disociación entre políticas económicas y ambientales, garantizando de manera prioritaria el cumplimiento del nuevo tratado sobre cambio climático en el marco de una nueva política económica de decrecimiento de la huella ecológica, sustitutoria de la actual política de crecimiento económico, que es la principal causa del incremento de emisiones.
