En palabras de Florent Marcellesi, coportavoz de la Coordinadora Verde, "nos da la razón a todos los movimientos políticos y sociales, como la Coordinadora Verde, que habíamos pedido y ejercido presión para que España cumpliera con la legalidad de la Unión Europea y modificara radicalmente su regulación sobre el canon digital. Este canon no es más que una tasa discriminatoria y dirigida a favorecer exclusivamente los intereses de las entidades de gestión de derechos de autor en perjuicio del Estado, la industria y los usuarios."
En mayo pasado el informe de la Abogada General de la UE detallaba cómo un Estado puede perjudicar seriamente sus intereses en favor de unas estructuras de intereses privados y sin representación real, como la SGAE. Recordemos que la propia Ley de Propiedad Intelectual no detalla de manera directa, por imperativo de las entidades de gestión, ni la cuantía del canon ni la identificación concreta de los equipos, aparatos y soportes materiales de reproducción digital a los que va a ir referido, sino que esas “concreciones” vendrán dadas, con carácter bienal, por un “acuerdo” que excluye a los usuarios y ciudadanos y del que son parte fundamental las entidades de gestión.
Las conclusiones del tribunal supremo son claras: España con su canon digital no respeta el concepto comunitario de «compensación equitativa» (según la Directiva 2001/29). Además, no es una vía de financiación arbitraria de entidades de gestión ni puede distorsionar, en beneficio de unos pocos, la uniformidad regulatoria en la Unión Europea. La aplicación indiscriminada del canon no es compatible con el Derecho comunitario y no cabe su recaudación cuando puede presumirse que equipos, aparatos y materiales no se utilicen para la realización de copias privadas.
Sonia Ortiga, coportavoz de la Coordinadora Verde, señala que "los jueces españoles han detectado también el uso abusivo de los derechos de propiedad intelectual para modificar nuestro sistema de garantías de derecho y han reaccionando en la medida de sus posibilidades, como por ejemplo suscitando cuestiones prejudiciales como la presente." Añade la coportavoz que "hasta el momento, el Gobierno y la SGAE han utilizado el canon digital para cobrar a los usuarios de forma indiscriminada. Ahora, el abuso de su posición por parte de las entidades de gestión ha adquirido relevancia comunitaria y el Estado español ha quedado en evidencia en perjuicio de su industria cultural, el derecho a la cultura de sus ciudadanos y su propia legalidad."
Por último, La Coordinadora Verde recuerda que existen varias sentencias que obligan a la devolución del mismo a las personas que lo han tenido que pagar para usos distintos de la copia privada. Animan en primer lugar a los ayuntamientos a eximir por ley o por decreto a los ayuntamientos del pago del canon, ya que éstos no se dedican a realizar copias privadas. Como así lo realizaron los ayuntamiento de Artas en Mallorca y Novelda en Alicante a propuesta de dos concejales verdes.
