“Los Verdes de Extremadura” alertan sobre la amenaza latente de la balsa de residuos de la Mina de níquel de Aguablanca, que explota la empresa Río Narcea Recursos en el término municipal de de Monesterio. Los argumentos son evidentes: "Mientras que el cierre de la explotación de la mina tiene un plazo cada vez más cercano, a punto ya de concretarse, los residuos embalsados no tienen fecha de caducidad, lo que los convierte en una bomba de relojería”. El hecho de que los materiales con lo que se construyen los muros de contención de estas balsas de residuos tóxicos no garanticen su durabilidad ni resistencia en el tiempo, ni contemplen los cada vez más frecuentes imprevistos climatológicos, propicia accidentes como el sucedido en Hungría, en una mina de características muy semejantes a Aguablanca, o el bien recordado de la Rotura de la Presa Minera de Aznalcóllar.
La amenaza de rotura, filtraciones y contaminaciones de dicha balsa de lodos, situada a menos de tres kilómetros de la población sevillana de El Real de la Jara, seguirá en pie mucho tiempo después de que su explotación sea un mero recuerdo. De hecho, “el oscurantismo sobre las garantías técnicas y medioambientales, y los compromisos posteriores al cierre que deben ofrecer la empresa y la administración acerca de la Mina de Aguablanca, no deberían tranquilizar especialmente a la ciudadanía”, como tampoco los conflictos laborales en el seno de la empresa que explota Aguablanca, ni el hecho de que empresas como Bolidén no hayan asumido responsabilidades de ningún tipo tras catástrofes como la citada de Aznalcóllar.
El macroproyecto minero “Aguablanca” en Monesterio, para extraer níquel y cobre, es un ejemplo de un proceso devastador a efectos sociales, sanitarios, medioambientales y culturales. Así, se asumen industrias potencial o directamente contaminantes que menosprecian el desarrollo sostenible, la riqueza natural y los usos tradicionales en Extremadura, en base a decisiones con firmes cimientos en el histórico predominio de la oligarquía sobre el interés común, y que dejan en evidencia la política llevada a cabo por el gobierno extremeño en estos años. “La explotación de Aguablanca ha hecho confluir en la comunidad extremeña turbias decisiones políticas con evidentes intereses económicos privados, degradando valores naturales hasta erosionar la calidad de vida de una población que tendrá que asumir riesgos para el futuro.”
“Los Verdes de Extremadura” suscriben a fecha de hoy las críticas que se hicieron en su día, antes de la apertura de la Mina, por las organizaciones ecologistas: “que no se aprenda de los errores pasados y desde la clase política se apueste por, o no se impidan, proyectos mineros muy contaminantes como esta Mina a cielo abierto de Aguablanca en Monesterio (Badajoz), un modelo de desarrollo insostenible y depredador del medio ambiente.” La responsabilidad del gobierno extremeño es absoluta, al haber aprobado y subvencionado en su día la explotación en beneficio de una corporación multinacional que ha hipotecado medioambiental y económicamente un espacio protegido, y el agua que ha de beber una población de un millón de habitantes.
