Ecolo-Verdes de Extremaduras solicita al Gobierno regional que inste al Gobierno de la Nación a fin de que proceda a tramitar, con carácter urgente, la expropiación forzosa de CARCESA por causa de interés social, al incumplir los propietarios la función social que tiene esta empresa radicada en Extremadura.
CARCESA representa un factor fundamental en el desarrollo económico de varias comarcas de Extremadura, y en concreto en sectores estratégicos como el del tomate y el cárnico, teniendo en cuenta que esta industria, al margen de la actuación defraudatoria por parte de sus actuales propietarios, es una empresa que puede tener beneficios con una gestión adecuada que puede ser resuelta mediante la propia gestión por la entidad empresarial de la Junta de Extremadura (AVANTE) o mediante la gestión conjunta con las Cooperativas del sector.
La desaparición de CARCESA, asegura Ecolo, no solo supondría casi quinientas pequeñas tragedias familiares por el paro directo que generaría, sino que supondría para la región una pérdida significativa del producto agrario. La empresa debe comercializar alrededor del 6-7% del tomate de Extremadura y en torno a un 3-4% del porcino producido. Si contamos las empresas auxiliares de fabricación de latas, botes y otros envases, las pérdidas de los agricultores, y de los que comercializan sus insumos de fertilizantes, plantas, piensos, medicamentos animales etc. estaríamos hablando de un problema de gran importancia local. Mucho más importante socialmente que si quiebra o no una caja o un banco que ha hecho mal sus deberes y a los que, de nuevo, se les va a apoyar con unos 30.000 Millones de Euros. “Gastar menos de un ciento en CARCESA es política social. Malgastar el dinero en los bancos es hacer más ricos a los ricos” afirma Ecolo-Verdes de Extremadura.
